Fuente: Expansión
“La planificación agresiva no es una opción, hay que evitar el riesgo”
ENTREVISTA Miguel Caamaño, Socio director de CCS Abogados/ “Lo que más nos preocupa a nosotros y a nuestros clientes es la inseguridad jurídica. Las compañías exigen mucha prudencia”
“La función fiscal que nosotros hacemos me gusta definirla como audacia prudente”. Miguel Caamaño, socio director de CCS Abogados, lleva toda una vida dedicada el derecho tributario. Es catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de A Coruña, miembro de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, miembro de honor de la Asociación Latinoamericana de Derecho Tributario, Consejero del Instituto Internacional de Estudios Europeos, colegiado de honor de los Ilustres Colegios de Economistas de Galicia y miembro de la Association of North America Higher Education International y del comité científico de la USA Global Conference on Business and Economics.
“Lo que piden nuestros clientes ha cambiado mucho en los últimos años”, dice. “La dosis de prudencia que se exige ahora es muchísimo mayor”, añade. Caamaño destaca la inquietud de las compañías por los riesgos fiscales y afirma que la tónica general es la de buscar esquemas que minimicen estos riesgos. “No quieren estructuras de riesgo”, indica. “Incluso internas. Ya no hablamos de no declarar operaciones, ingresos o jugar con deducciones de gastos. Cualquier planificación agresiva ha desaparecido”, afirma.
Miguel Caamaño señala la calidad de las normas para conseguir minimizar los riesgos. “Lo que más nos preocupa a nosotros y a nuestros clientes es la inseguridad jurídica”, asevera. “Aunque pongas toda tu afán y las empresas endurezcan la vigilancia de los riesgos fiscales, en España existe un elemento de contingencia que tiene que ver con la interpretación de la norma”, añade.
Caamaño considera que el riesgo es mayor para las empresas pequeñas que para las grandes. “Lo es en términos estadísticos”, apostilla. En cualquier caso, precisa que “cuando tu responsabilidad es la de grupos muy grandes, las operaciones tienen tal magnitud que la inspección tiene claro que hay una planificación fiscal muy rigurosa. Los grandes grupos no se arriesgan porque no se lo permitirían ni los clientes ni los accionistas, además del riesgo reputacional”.
El socio director de CCS Abogados pide más celeridad en la resolución de las consultas a la Dirección General de Tributos (DGT). “Están demorándose hasta tres años”, explica. “Las empresas y los inversores no pueden tener paralizada dos años y medio o tres una operación, una fusión, una escisión o un canje de valores por este asunto. Estas tardanzas frustran el propio dinamismo y los ritmos de la actividad económica”, indica. A su juicio, “la protección y el blindaje que suponía para las compañías la consulta a la DGT tristemente se ha diluido en los últimos años”.
Ahora, los fiscalistas intenta sortear esta situación apelando a la doctrina ya existe de Tributos. “Pero no es lo mismo”, precisa Caamaño. “La consulta antes siempre te garantizaba una protección porque era una respuesta ad hoc al problema particular que tú consultas a la DGT”, añade.
Por otra parte, Miguel Caamaño ve margen de mejora también en las operaciones intragrupo. En este sentido, apunta a los acuerdos anticipados de precios (APA). “En España todavía cuesta, aún ahora que lleva muchos años vigente”, señala. CCS trabaja con sus clientes en varias jurisdicciones del mundo. “En otros países funcionan mejor que aquí”, dice. “En nuestra experiencia, hemos notado que en otras jurisdicciones cuando negocias el acuerdo con la Administración lo haces un ambiente mucho más distendido, más doméstico. En España, muchas veces te sientes encorsetado, la Administración es más severa”, añade.
Miguel Caamaño destaca que la seguridad jurídica en España aún mantiene estándares altos. “En otras jurisdicciones es mucho peor, como Latinoamérica, Europa Central, del Este, o Asia. Aunque en España tengamos aspectos que pueden ser criticables, todavía quedan zona de confort para los inversores”, concluye el abogado.
Operaciones de internacionalización y sector energético
El equipo fiscal de CCS Abogados se distribuye entre Madrid, Coruña y Vigo. Entre sus características destaca su formación y versatilidad para poder intervenir en todo tipo de operaciones de planificación fiscal (interna e internacional), M&A o el acompañamiento en los procesos de entrada o salida de España de grupos de empresas y asesoramiento contencioso-tributario. Su trabajo tiene un gran componente internacional, asesorando en operaciones en distintos continentes con implicación de ordenamientos jurídicos diferentes Aunque trabajan en todos los sectores de actividad, el energético (eólico, fotovoltaico e hidroeléctrico) tiene gran predominio en su día a día mediante el control de estructuras internacionales de diversos grupos del sector energía y el asesoramiento integral en los procesos de aterrizaje e implantación en España de grupos dedicados a fabricación, instalación y servicios relativos al vehículo eléctrico.
“En estos momentos el equipo fiscal del despacho está evolucionando”, apunta Miguel Caamaño, socio director de CCS. “Una de las cosas que más hacemos es el asesoramiento a grupos en su salida al exterior. Estamos muy involucrados en asuntos de internacionalización empresarial. Les damos apoyo tanto en las primeras fases, como la exportación, y en las siguientes hasta que consiguen estar asentadas fuera de España”, señala Miguel Caamaño.
