Artículo publicado en Expansión Jurídico
El pasado 17 de diciembre se publicó en el suplemento jurídico de Expansión un interesante artículo sobre el macropleito del cártel de camiones, del que ya se han resuelto varias decenas de juicios contra seis fabricantes europeos, a los que se reclaman indemnizaciones cuantiosas por pactar subidas de precios en los vehículos entre los años 1997 y 2011.
En este macroproceso, los documentos constituyen las pruebas esenciales para demostrar ante el juez que los empresarios pagaron un sobrecoste por el precio de sus camiones. En otras palabras, se trata de verificar que “el daño sufrido por el comprador es el reverso de un lucro ilícitamente obtenido por un fabricante”, según Miguel Caamaño, socio director de nuestra firma, la cual defiende a más afectados por el cártel, con más de 7.300 demandas de 4.500 clientes.
Caamaño resalta que cada vez más jueces valoran “el daño al pequeño empresario, que ha sufrido abuso de poder de una gran compañía”. Se fijan en “esa desigualdad entre las partes y en la obligación de reparar el daño”.
“Hemos desarrollado una plataforma tecnológica que permite gestionar y ordenar el ingente volumen de contratos, certificados y papeles de los camiones de cada expediente. Por otro lado, nuestra prueba pericial es distinta al resto de demandas. Mientras en otras se hace una comparativa de la evolución de los precios de los años del cártel con los posteriores y si hay declinación se deduce que hubo sobrecoste, en nuestro caso se contrastan los costes de los camiones de gran tonelada con otros de menor volumen y furgonetas. Es un modelo basado en estadística y matemática que permite realizar una prueba pericial más minuciosa”, detalla Caamaño.
Nuestro socio valora positivamente las indemnizaciones logradas en las decenas de juicios que ya se han resuelto. En ellos se están consiguiendo indemnizaciones de entre el 5% y el 15% del precio de adquisición del vehículo, más los intereses producidos desde la fecha de su compra. Salvo algunas sentencias que han resultado desfavorables –“por errores procesales de los abogados de la defensa”, apunta–, el resto están siendo positivas para los afectados.
