El despacho CCS Abogados (Caamaño, Concheiro & Seoane) ha comenzado a presentar las primeras demandas contra el cártel europeo de fabricantes de camiones. Son unas 7.300 reclamaciones de 4.500 clientes que implican a más de 34.000 vehículos.
Las pruebas periciales que el equipo de profesionales de CCS Abogados ha realizado durante más de año y medio han permitido calcular que la indemnización estipulada sobre el precio original de compra por camión, en el ciclo de 14 años del cártel (y sin tener en cuenta el interés legal del dinero desde la fecha de compra de cada vehículo), podría situarse en torno a una media del 16,35% del precio original. En consecuencia, se estima que las indemnizaciones totales a los afectados en España podrían superar los 700 millones de euros.
El trabajo aportado por CCS Abogados, que se ha realizado en coordinación con equipos técnicos de otros países, es el resultado de cuantificar los sobrecostes causados por el cártel de fabricantes de camiones a los transportistas utilizando dos métodos econométricos distintos: el primero de ellos, a su vez, con dos modelos de contrafactual diferenciada, pero con conclusiones en sintonía en todos los supuestos, metodología que hasta la fecha no se ha usado por ningún otro bufete español en las reclamaciones del cártel. “El resultado de casi dos años de arduo trabajo jurídico y, sobre todo, logístico y pericial nos permite situarnos ante el tablero que tenemos delante con prudente optimismo”, asegura Miguel Caamaño, socio director de CCS Abogados.
Este proceso legal se inició en 2016 cuando la Comisión Europea anunció la imposición de una multa de más de 3.800 millones de euros a los seis principales fabricantes de camiones: DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo, Scania y MAN. Esta última marca se acogió al programa de clemencia y quedó excluida de la multa por haber denunciado las prácticas infractoras del cártel. La sanción fue impuesta por Bruselas al grupo de fabricantes por haber pactado los precios de venta de los camiones entre los años 1997-2011, por haber obstaculizado la introducción de nuevas tecnologías en materia de emisiones y por haber repercutido a los compradores los costes de aplicación de dichas tecnologías.
En abril de 2017 la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la mayor de nuestro país, abrió un concurso entre bufetes de abogados nacionales e internacionales con el fin de elegir la firma que prescribirían a sus asociados para instar la reclamación frente a los fabricantes. Al mismo se presentaron 18 bufetes y 5 fondos de inversión extranjeros. El 1 de junio de 2017 la CETM anunció que la firma elegida era la española CCS Abogados por su cualificación, excelencia profesional y modelo planteado.
Al reto jurídico que suponía el caso en sí, se sumaba el desafío de gestionar de forma global un gran número de reclamaciones en las que resultaba determinante comprobar los documentos necesarios para tramitar las solicitudes y elaborar las periciales (el volumen inicial rondaba los 380.000 documentos, sólo para la puesta en marcha de expedientes). CCS Abogados decidió diseñar una herramienta tecnológica propia que permitiese gestionar tan complejo proceso de reclamaciones, en tiempo y forma, y con la mayor celeridad posible debido a los ajustados plazos marcados para las reclamaciones. Para ello, presentó la plataforma Truck Data Intelligence (TDI), que permitía una innovadora fórmula de gestión de proyectos. En este caso con más de un millón de datos.
En Alemania existen precedentes, ya que Tribunales alemanes especializados en Derecho de la Competencia han dictado durante 2018 y 2019 las primeras sentencias, siendo nueve de las diez falladas hasta el momento favorables a los demandantes.
En España, los afectados deberán recorrer un camino que comienza en los juzgados de lo Mercantil de sus provincias y presumiblemente acabará en las Audiencias Provinciales, sin descartar que algunos casos puedan llegar finalmente al Tribunal Supremo. Otros bufetes ya han presentado demandas y ha salido alguna Sentencia desestimatoria debido a los defectos que presenta la prueba pericial que se ha usado.
Según Jaime Concheiro, socio director de CCS Abogados: “CCS decidió no presentar demandas hasta que la prueba pericial estuviese completamente concluida, además de que el proceso ha obedecido a la gran complejidad de la prueba pericial debido la ingente cantidad de datos de precios de venta de vehículos que era necesario tratar y analizar para poder llegar a los resultados obtenidos. Para tener una mayor fiabilidad, estos resultados también han sido contrastados y confirmados por los resultados obtenidos por otros equipos periciales que actúan en diferentes países europeos”.
Fuentes:
La Razón
El Mundo
