El bufete de abogados CCS Abogados, contratado por la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) para demandar a los fabricantes de camiones multados por Bruselas por pactar precios, presentará en breve unas 6.000 demandas por los sobrecostes que sufrieron sus propietarios.
El presidente de Conetrans (organización integrada en la CETM), Carmelo González, ha comentado, junto al exministro Francisco Caamaño, que lidera ese bufete, y el abogado Miguel Caamaño, la marcha del complejo proceso que están llevando para presentar las demandas por los daños causados por las prácticas de cártel de seis fabricantes de camiones, que se extendieron de 1997 a 2011.
Los responsables del bufete han señalado que ya están a punto de completar la prueba pericial que será clave para articular la reclamación económica a los fabricantes de camiones DAF, MAN, Scania, Daimler-Mercedes, Iveco y Volvo-Renault.
En cuanto a las cuantías que podrían alcanzar las reclamaciones, han explicado que no se aventuran a dar una cifra hasta tener completada la pericial, en la que están trabajando doce personas, a las que hay que sumar la contratación de dos firmas de peritos, aunque sí han citado la referencia que supone la primera sentencia que ha habido en Alemania por este caso.
Si esta se tiene en cuenta y si el coste medio de un camión era de entre 70.000 y 75.000 euros, el sobrecoste habría sido de entre un 10% o un 12%, una horquilla que los responsables del bufete han dicho que se acerca a la cifra que ellos están calculando aquí en España.
Además, CCS Abogados, que asume la defensa de 4.300 transportistas de la CETM, que suman en torno a 30.000 vehículos, sin contar los adquiridos a Scania, cuya sanción se confirmó con posterioridad a las otras el pasado 27 de septiembre, ha descartado plantear una demanda colectiva y cada proceso llevará su vía en los juzgados de lo mercantil españoles.
Miguel Caamaño ha dicho que próximamente saldrán más sentencias en Holanda y Alemania por reclamaciones de daños y en España podrían aparecer las primeras interpuestas por otros despachos.
Ha añadido que sería malo de cara al futuro que esas primeras demandas que se van a resolver no vayan acompañadas de una buena prueba pericial, pues un mal resultado en las primeras sentencias podría perjudicar al resto.
También han anunciado que los propietarios de camiones que se pudieran haber visto afectados por los sobrecostes generados cuentan ahora con un plazo más amplio para reclamar, ya que al transponerse en España la nueva directiva de daños de la Comisión Europea (CE) el plazo será de cinco años, en lugar de uno, desde la fecha de publicación de la resolución por la que se sancionó a los fabricantes.
Los responsables del bufete CCS Abogados han reconocido la complejidad a la hora de reclamar en muchos casos, dado que el amplio periodo que duraron las prácticas contrarias a la competencia de los fabricantes y que se remontan a 1997, con camiones que entonces se pagaban en pesetas, hace difícil encontrar los documentos de compra de los vehículos.
Miguel Caamaño ha dicho que, por ejemplo, con los vehículos adquiridos por 'leasing' o arrendamiento financiero existe una ventaja, pues los pagos quedaron registrados en notarías, y ha añadido que también pueden ayudar contabilidades que se quedaron en ordenadores, aunque estas últimas las tendrá que validar un juez.
La Comisión Europea impuso en julio de 2016 una multa de 2.930 millones de euros a fabricantes de camiones por participar durante 14 años en un cártel formado por MAN, Volvo y Renault, Daimler, Iveco y DAF, motivo por el que también sancionó en septiembre de 2017 a Scania, tras descubrir sus prácticas en 2011 al hacer inspecciones no anunciadas.
Fuente: Expansión.
