La firma espera recuperar cerca de 700 millones de euros para los afectados.
Los juzgados de lo mercantil de prácticamente todas las capitales de provincia españolas amanecerán mañana con una avalancha de demandas. En concreto, 7.000. Tras meses de preparación, que incluso ha precisado del desarrollo de una plataforma tecnológica propia, conocida como Truck Data Intelligence, el despacho CCS Abogados ha articulado las reclamaciones de casi 4.500 afectados por el conocido como cártel de los camiones.
La historia se remonta a hace casi 22 años, cuando varios fabricantes de camiones pactaron precios, aunque no fue hasta 2016 cuando la Comisión Europea multó con cerca de 3.000 millones de euros a Volvo-Renault, Iveco, Daf, Man y Daimler-Mercedes por participar en el cártel. A partir de entonces, empezó una carrera en toda Europa para que los afectados reclamaran indemnizaciones en los tribunales.
En España, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) inició hace dos años un proceso para seleccionar un bufete que representara a sus asociados. El elegido fue CCS que, tras desarrollar una plataforma tecnológica capaz de procesar la ingente cantidad de documentos, ya está listo para presentar 7.000 demandas (que aglutinan a cerca de 35.000 camiones afectados). Sólo en España, se calcula que el cártel pudo afectar a unos 100.000 vehículos. En total, las indemnizaciones solicitadas por CCS podrían superar los 700 millones de euros, aunque el conjunto del conflicto en este sector podría llegar a superar los 2.000 millones de euros en España.
Se trata de la primera macrocausa que se presenta por el cártel de los camiones, aunque de forma individual ya se han presentado otras demandas de afectados en los tribunales. En diciembre de 2018 llegó la primera sentencia, a favor del afectado, condenando a Volvo a pagar 128.757 euros por 5 camiones.
En Alemania ya se han producido once sentencias, diez de ellas a favor del demandante. Sólo se ha desestimado una, y fue por errores en los procedimientos, según explica Miguel Caamaño, socio de CCS Abogados. Aun así, este experto asegura que los casos conocidos hasta ahora son diferentes y que la clave para que las 7.000 demandas prosperen depende, sobre todo, de las pruebas periciales que se presenten. Según sus cálculos, el perjuicio causado podría situarse en torno al 16,35% de media sobre el precio original. Para calcularlo, se ha tenido en cuenta la diferencia de la evolución de precios en vehículos que no formaban parte del cártel y los que sí (ver gráfico adjunto).
Aunque es difícil predecir los plazos para que lleguen las resoluciones judiciales, Caamaño confía en que las primeras audiencias previas se celebren a lo largo de este ejercicio, de forma que los primeros juicios tengan lugar dentro de un año. Aun así, hay que tener en cuenta que en juzgados más saturados, como Madrid o Barcelona, los plazos serían mayores. Después, cabe recurso en la Audiencia Provincial y, en algunos casos, en el Supremo.
Fuente: Diario Expansión
